El Caso Scala. Un proceso contra el anarcosindicalismo

Los sucesos relacionados con el llamado Caso Scala constituyen un proceso de capital importancia en la historia reciente del Movimiento Libertario en general y de la CNT en particular

Extraido de Revista polémica

Los sucesos relacionados con el llamado Caso Scala constituyen un proceso de capital importancia en la historia reciente del Movimiento Libertario en general y de la CNT en particular. En la CNT, una organización que se había reconstruido tan sólo dos años antes, después del largo período de la dictadura franquista, que se hallaba inmersa en una fuerte tensión entre diferentes tendencias internas que pugnaban entre sí, compuesta en su inmensa mayoría por jóvenes recién llegados a quienes sobraba entusiasmo y faltaba formación y experiencia, aquellos acontecimientos supusieron un duro golpe que no logró recuperarse. Aquellos sucesos siguen sin esclarecerse plenamente.

¡Arde el Scala!

Poco después de las trece horas del domingo 15 de enero de 1978 se desencadenó un enorme incendio que destruyó por completo la sala de fiestas Scala de Barcelona. Al asombro que causó el suceso hubo que sumar el estupor por las muertes de cuatro trabajadores -Ramón Egea, Bernabé Bravo, Juan López y Diego Montoro- que se encontraban en el local en aquellos momentos, y que perecieron víctimas de las llamas o por asfixia, debido a los humos y gases provocados por el fuego. Por aquellos días los ciudadanos estaban acostumbrados a las noticias de atentados terroristas. A nadie asombraba el asesinato de policías o militares, los coches-bomba y demás actos que resultaban casi habituales en aquella época. Sin embargo, un atentado contra una sala de fiestas era algo que resultaba inverosímil por lo absurdo y disparatado de la idea. Probablemente por ello en los primeros momentos se aventuraron toda clase de hipótesis. Algunos medios achacaron el atentado a vulgares asesinos, otros lo relacionaron con cuestiones particulares relacionadas con la sala de fiestas, algunos llegaron a establecer una relación con la campaña en pro de la libertad de expresión que por aquel entonces se desarrollaba en solidaridad con el dramaturgo Albert Boadella. Pero la duda y la incredulidad siguió siendo la tónica general para la inmensa mayoría hasta que, tan sólo cuarenta y ocho horas después, el martes día 17 un comunicado de la policía informó de la detención de todos los autores del atentado, a quienes inmediatamente se relacionó con la CNT.1

Efectivamente los detenidos eran todos afiliados a la CNT y poco antes del atentado habían participado en una manifestación que esa organización había convocado para protestar contra los Pactos de la Moncloa. Al finalizar la manifestación -según la policía- los acusados se habían dirigido a la sala de fiestas lanzando contra ella seis cócteles molotov que ocasionaron el incendio y la muerte de los cuatro trabajadores que se hallaban dentro -por cierto todos ellos afiliados a la CNT-. De esta manera quedó establecida la relación de los detenidos con la CNT y el atentado con la manifestación.

Sin duda lo que más sorprende es la insólita eficacia policial que había permitido encontrar a los culpables entre las 10.000 personas que aproximadamente participaron en la manifestación. Cómo consiguió la policía barcelonesa este alarde de perfección es algo que no se llegaría a saber hasta algún tiempo después. En aquel momento sólo dio lugar a toda clase de conjeturas que tenían como común denominador la sospecha de que detrás de todo había gato encerrado. Con el tiempo esa sospecha se acabaría convirtiendo en certeza.

¿Qué pasaba por aquel entonces?

Pero para hacemos una idea de lo que estaba ocurriendo, es necesario analizar siquiera sea a grandes rasgos el contexto histórico en que se desarrollaban los acontecimientos. El año 1978 fue crucial en lo que se ha dado en llamar La Transición. Si los primeros años se caracterizan por una fuerte tensión generada por la presión de los distintos sectores políticos y sociales en un intento de imponer su particular punto de vista y su modelo político y social, eso va dando paso a una segunda etapa caracterizada por el consenso, en donde las fuerzas políticas imperantes se ponen de acuerdo en cuanto a la configuración del nuevo régimen y encauzan el proceso cerrando el paso a cualquier otra vía de desarrollo. El año 1978 será el año en que ese pacto se materializa en sus dos grandes vertientes: el pacto político que dará lugar a la Constitución, y el pacto social que se establecerá con los llamados Pactos de la Moncloa.

Si la Constitución tiene una gran importancia en lo que se refiere a establecer las reglas básicas del juego político, el pacto social tendrá una importancia también trascendental, ya que será lo que permitirá reconstruir la paz social y la disciplina en el mundo del trabajo. Algo sin duda imprescindible en un país en donde la clase obrera había adquirido una gran capacidad de autoorganización capaz de sobrepasar a comités y burocracias sindicales, que era consciente de su fuerza real y que había adquirido una considerable experiencia de lucha en las condiciones extremadamente duras de los últimos años del franquismo. El pacto social era la herramienta necesaria para restablecer una situación de sometimiento, imprescindible para afrontar una crisis económica que se pensaba resolver con un ajuste duro que, por supuesto, debían pagar los trabajadores.

Las grandes organizaciones sindicales CC OO y UGT, en perfecta sintonía con los criterios del PCE y el PSOE asumen el pacto incluso con entusiasmo y hasta lo proclaman como una gran victoria de los trabajadores. La única organización sindical importante que se opone a ese pacto es la CNT. Esta organización que se había reconstruido después de la clandestinidad, había adquirido una importante implantación en el mundo laboral y lideraba un gran movimiento social y cultural que no encajaba en el sistema que se estaba configurando. Pero lo que convertía a la CNT en un peligro potencial no era su fuerza en aquel momento, sino su posible capacidad para encauzar el descontento social que inevitablemente iba a producirse. No olvidemos que en estos años crece desorbitadamente el desempleo, se produce un fuerte incremento de la carestía de la vida y, en general, la calidad de la vida de los trabajadores y de las clases populares sufre un importante deterioro, que no tiene la debida respuesta porque las fuerzas mayoritarias de la izquierda ya han aceptado un pacto político y social y no desean poner en peligro lo logrado. Son los momentos en que se percibe con claridad la posibilidad de un golpe de Estado militar que nos devolviera a la situación anterior. Ante esa disyuntiva la izquierda mayoritaria prefirió pactar para conservar lo conquistado y el precio fue hipotecar la fuerza de los trabajadores y renunciar a la posibilidad de crear un sindicalismo fuerte y autónomo. Pero volvamos al relato de los hechos.

¡A por la CNT!

Los detenidos fueron debidamente acusados y procesados, pero eso no detuvo la operación policial. Muy al contrario, en los días siguientes serían detenidos varios afiliados y militantes de la CNT. El simple hecho de aparecer en la agenda de teléfonos de algunos de los acusados o de una persona relacionada con alguno de los acusados se convirtió en motivo suficiente para ser detenido. Después de ser interrogados y pasar alguna noche en el calabozo, los detenidos eran puestos en libertad sin cargo alguno. Resultaba evidente que la policía no buscaba nada ni a nadie -ya tenían a los culpables- se trataba simplemente de amedrentar a los cenetistas y de ahuyentar de la organización a miles de trabajadores afiliados que, si bien se identificaban con la línea sindical de los anarconsindicalistas, no estaban dispuestos a llegar demasiado lejos en su adhesión, ni mucho menos a desafiar una represión policial de aquella envergadura. La cosa no era de broma, las noticias de nuevas detenciones crearon un ambiente de inseguridad en gran parte de la afiliación. Por otra parte, la certeza de la implicación de la CNT en el atentado fue afianzándose en la opinión pública, lo que provocó un serio deterioro en la imagen de la organización y de los anarquistas por extensión. Si a esto añadimos las noticias de agresiones y asaltos por parte de grupos fascistas, que en aquellos días se incrementaron de forma muy considerable, podemos hacemos una imagen aproximada de la situación. Ser libertario en aquellos momentos se convirtió en algo bastante desagradable. Los medios de comunicación lo hicieron impopular, la policía y los grupos de la ultraderecha lo hicieron peligroso.

Como hemos dicho la represión no sólo fue policial. El caso Scala marca el comienzo de una intensa campaña de atentados contra el Movimiento Libertario y contra la CNT en particular protagonizada por grupos, al parecer de ultraderecha, que se escondían detrás de siglas desconocidas e indescifrables. En aquellos meses se tuvieron noticias de atentados en varias ciudades, sin que la policía demostrara la misma eficacia en detener a sus autores que había demostrado en el caso Scala.

Aparece Gambín

El veintidós de febrero se procesa a o­nce personas acusadas de la autoría del atentado, además de por tenencia de explosivos. Las características de los acusados son bastante similares y responden al prototipo de millares de jóvenes que después de haber pasado su adolescencia bajo el franquismo engrosaban ahora las filas de la izquierda radical; casi todos ellos estaban entre los diecisiete y los veinte años. Pero había una excepción. Un extraño personaje que destaca claramente de los demás. Tiene cuarenta y nueve años y un historial que carece por completo de significación política o sindical, se trata de un vulgar delincuente con una larga lista de condenas -veintiocho en total- por robo, falsificación, estafa y otros delitos todos ellos con el común denominador del lucro como única motivación. Su nombre es Joaquín Gambín alias El Grillo y aunque procesado como los otros, lo será en rebeldía, ya que no ha sido detenido como los demás.

Pero antes de continuar con el relato de los hechos conviene que nos detengamos en analizar a este personaje, clave sin duda en esta historia. La primera noticia que tenemos de Gambín es en el año 1977 en la cárcel Modelo de Barcelona. Allí -según declararía él mismo más tarde-2 fue reclutado por los Servicios Secretos de la Policía como confidente y colaborador, a cambio de librarse de los muchos años de condena que tenía por delante. Mediante una manipulación de su expediente judicial realizada a instancias de esos Servicios Secretos que le relacionan con un grupo de detenidos de la Federación Anarquista Ibérica,3 Gambín por arte de magia o por razones de Estado pasa de ser un vulgar chorizo a convertirse en un preso político, gracias a lo cual se beneficia del decreto de amnistía que se promulga ese mismo año y queda en libertad.

De esta manera Gambín, ya libre, empieza a trabajar para la policía a cambio de un sueldo de cuarenta y cinco mil pesetas al mes, más las cantidades que recibía a cambio de las informaciones que facilitaba o de las operaciones en las que participaba. Sus primeros trabajos consistirían en infiltrarse en grupos de orientación anarquista. Hay que recordar que por aquella época el Ministerio del Interior dedicaba buena parte de su tiempo a combatir al Movimiento Libertario; el ministro titular Martín Villa llegó a decir que le preocupaba más el activismo libertario que el terrorismo de la ETA o del GRAPO,4 lo que no dejaba de ser curioso, teniendo en cuenta la larguísima lista de víctimas -algunas de ellas pertenecientes a las más altas jerarquías del Estado y del Ejército- que esas organizaciones tenían en su haber, mientras que entre las víctimas del activismo libertario no había más que algún autobús, algunos contenedores de basuras y algunas cosas más por el estilo que suelen ser las víctimas habituales de los manifestantes excesivamente fogosos.

Poco después de salir de la cárcel, Gambín se infiltra en un grupo de trabajadores de la SEAT de Barcelona que se hacían llamar nada menos que Ejército Revolucionario de Apoyo a los Trabajadores (ERAT).5 Después de perpetrar algunos atracos de cierta importancia, la policía desarticula el grupo y detiene a todos sus miembros, con la obvia excepción de Gambín que desaparece oportunamente.

Más tarde aparece otra vez en la cárcel Modelo de Barcelona donde se relaciona con uno de los acusados del caso Scala, con el que entabla amistad y, a través de él, con los demás acusados una vez que ambos salen en libertad. En esta época el delincuente habitual apodado El Grillo adquiere una nueva dignidad revolucionaria y pasa a apodarse el viejo anarquista. Con esta nueva imagen, Gambín se integra en el grupo con el que colabora hasta el día en que se produce el atentado. Ese mismo día, tan oportunamente como otras veces, desaparece sin dejar rastro.

El proceso

Tendremos que seguir inevitablemente hablando de Gambín, pero volvamos al proceso judicial que tuvo un comienzo polémico debido a la disparidad de criterios sobre quién debía hacerse cargo de él. La Audiencia Provincial de Barcelona lo traspasa a la Audiencia Nacional y ésta se declara no competente por lo que devuelve la pelota a Barcelona, donde finalmente se desarrolló el proceso. Esta discrepancia no se debía a cuestiones de simple técnica procesal, sino que tenía su origen en la calificación misma de los hechos que debían juzgarse, por lo que el asunto tuvo cierta importancia.

Las pruebas aportadas por la policía eran de lo más inverosímiles: una pistola de plástico y una lata de gasolina. Si a esto sumamos el que ninguno de los testigos presenciales llegaron nunca a reconocer a ninguno de los acusados, y que el personaje clave de la trama -Gambín- estaba ausente, podemos entender perfectamente las palabras del fiscal Alejandro del Toro cuando dijo «MI problema fundamental era no cubrir el de ridículo mi carrera».6

Otro de los aspectos curiosos es que sin que se sepa por qué, el gobernador Civil de Barcelona, sin arte ni parte en el asunto, remite a los hermanos Riba, dueños de la Sala de Fiestas, un certificado en el que se establecía el carácter político del atentado. Por qué un Gobernador Civil se metía en un asunto que no le concernía y aseguraba el carácter político de un hecho que aún no había sido juzgado es algo insólito y, sin duda, una pieza a tener en cuenta a la hora de montar el rompecabezas.

Pero el problema fundamental -al menos para los acusados y su defensa- consistía en que el juicio iba a celebrarse sin la presencia de Gambín, lo que impediría que se pudieran esclarecer los hechos de manera absoluta, y que se supiera si había o no una trama oculta tal como sostenía la CNT y como sospechaban muchos. Sin embargo, el 27 de octubre de 1979, cuando todo el mundo supone que la policía de todo el País está buscando a Gambín por el caso Scala, resulta que éste es detenido en Elche, pero no por la acusación de haber participado en el atentado contra la sala de fiestas, sino por un delito de estafa al parecer relacionada con cheques falsos.

Unas semanas después, el 24 de enero de 1980, el fiscal del caso solicita la apertura del juicio oral para Luis Muñoz, José Cuevas, Francisco Javier Cañadas, Arturo Palma, María Rosa López y María Pilar Alvarez y libertad sin cargos para Maite Fabrés quien, después de pasar casi dos años en prisión, es puesta en libertad sin ningún cargo y sin ninguna indemnización por los dos años de presidio que sufrió, al parecer por un error de la justicia. A los tres restantes acusados se les juzga en rebeldía. De ellos dos -Jesús y Carlos- efectivamente están fuera del alcance de la justicia, pero el caso del tercero -Gambín- es algo más difícil de comprender, ya que no estaba fuera del alcance de la justicia, sino en la prisión de Elche adonde había sido conducido tras su detención. ¿Por qué no se le juzga con los demás acusados?

Existía una poderosa razón para semejante disparate, aunque no se conocería hasta más tarde, en noviembre cuando estalló la noticia: Gambín ya no está en la cárcel. ¿Por qué? Otra pregunta sin respuesta. Primero se habla de fuga, después de puesta en libertad debido a un error judicial ocasionado por un incendio que, por lo visto, hubo en la prisión y en el que debió perderse algún papel trascendental que dio origen al error. En la vida carcelaria de Gambín ya se podían contar dos errores judiciales y, por suerte para él, los dos le habían permitido salir tan fresco de su celda. Tal vez ese error fue de la misma naturaleza que aquel otro que le permitió salir amnistiado en 1977 como un preso político más. Así son los errores judiciales, a algunos como es el caso de Maite Fabrés, los mete en la cárcel por error ya otros los deja en la calle.

Pero la ausencia de Gambín no sería el único revés que sufriría la defensa. Su pretensión de que compareciera en el juicio como testigo del ministro Martín Villa fue desestimada por el Tribunal. De esta manera, cualquier rastro que condujera al gobierno o a los servicios de la Seguridad del Estado quedaba borrado para siempre.

Se abre la vista

El I de diciembre de 1980 se inicia la vista oral, y se hace en medio de un gigantesco despliegue de seguridad. La vigilancia policial en los alrededores de los juzgados es abrumadora y no deja resquicios. Pero la demostración de fuerza se corresponde con la tensión que reina en la ciudad. Miles de pasquines por todas las calles proclaman la inocencia de los acusados, exigen su libertad y denuncian el montaje policial que se esconde detrás del caso. Pese al despliegue policial, delante de los juzgados se produce una numerosa manifestación que de inmediato se convierte en batalla campal. Los enfrentamientos entre libertarios y policías duran hasta bien entrada la noche y dejan un saldo de una treintena de detenidos. Pero no acaban ahí las cosas, durante todos los días que dura el juicio se suceden las manifestaciones por toda la ciudad y la propaganda en contra del proceso. Sin embargo, los elementos que podían dar luz sobre el caso ya estaban fuera de alcance, y de nada iban a servir ni los gritos de manifestantes, ni los panfletos que recorrían la ciudad de mano en mano, ni los carteles que llenaban las paredes.

Las acciones de protesta fueron numerosas y variadas: un joven que se colgó de una estructura metálica en pleno Paralelo de Barcelona, tres militantes de la CNT que se encerraron en el Consulado de Francia en Málaga o los miembros de la Federación Local también de Málaga que se colaron en la Diputación provincial y se encadenaron, un grupo de unas cincuenta mujeres de Ateneos Libertarios de Barcelona que hicieron una sentada en la Puerta del Ángel de Barcelona y un sinfín de casos más7 que dan fe de la vitalidad que aún conservaba el Movimiento Libertario en aquel entonces, pese a sus divisiones internas que habían dado lugar a la ruptura de la CNT en dos organizaciones. El Movimiento Libertario había perdido buena parte de su fuerza, pero aún era capaz de batirse con vigor.

La campaña de la CNT sostiene la inocencia de los acusados y centra su denuncia en la idea de un montaje policial organizado por las máximas instancias del Ministerio del interior para acabar con la organización. En estos momentos se publican las declaraciones del Secretario del Comité Nacional de la CNT, José Bondía8 en las que proporciona todos los detalles del paradero de Gambín, quien oficialmente se encontraba en busca y captura. La información de Bondía -cierta o falsa- no despierta la más mínima atención por parte de la policía.

Pero las declaraciones de Bondía no acaban ahí, denuncia una supuesta operación organizada años antes por Martín Villa en convivencia, no se sabe si consciente o inconsciente, con un histórico de la CNT. Según Bondía el gobierno inmediatamente después de la muerte de Franco estaba seriamente preocupado por el posible desarrollo de un sindicalismo fuerte organizado alrededor de CC OO y, por tanto, bajo la hegemonía comunista, lo que les llevó a la idea de promover una organización rival que tuviera el necesario prestigio entre los trabajadores, pero que no pusiera en peligro el sistema: la CNT. Los detalles de la supuesta operación no despejaban dudas de si se trataba de crear una CNT sumisa al poder, o si sólo se buscaba la desunión de los trabajadores pensando que dos sindicatos serían menos peligrosos que uno solo. El resultado -siempre según las declaraciones de Bondía- fue que la operación no resultó del agrado del gobierno, bien porque la rivalidad entre la CNT y CC OO no había dado los resultados apetecidos, o porque la CNT no sólo no se había ajustado a los planes que le tenía reservado el gobierno, sino que además había crecido demasiado hasta poner en peligro los fines de pacto social que estaba fraguando el gobierno. Ante ese fracaso el Ministerio del Interior elaboraría un plan para lograr acabar con la CNT que se materializaría en el caso Scala.9

Sobre el paradero de Gambín existe otro dato sumamente interesante. Parece ser que Gambín ofreció a la CNT, a través de dos militantes de la misma con los que al parecer tenía contacto, su disponibilidad a realizar una declaración ante notario en la que se autoinculparía del atentado como único responsable y exculparía al resto de los acusados ya la CNT como organización. A cambio pedía un pasaporte falso y que se le facilitara la salida del país. Este ofrecimiento se hizo en una reunión que tuvo lugar entre los dos militantes que portaban la oferta y algunos miembros del Comité Nacional de la CNT, quienes rechazaron el ofrecimiento por dos razones: en primer lugar porque una declaración hecha ante notario por un fugado de la justicia no tenía ninguna validez ante el Tribunal, y en segundo lugar porque ya bastante descrédito tenía la CNT, como para aparecer mezclada ante la opinión pública con un confidente de la policía, y autor además de un atentado criminal. El ofrecimiento fue rechazado y sólo quedó la duda de qué relación había entre Gambín y aquellos militantes que habían transmitido su oferta en lugar de utilizar la información que tenían de su paradero para procurar ponerlo en manos del Tribunal.

Es importante reseñar que el fiscal tal como él mismo reconoció posteriormente, ante la evidente insuficiencia de pruebas (una pistola de plástico y una lata de gasolina), la falta absoluta de testigos y la ausencia bochornosa de Gambín, al que supuestamente buscaba toda la policía del País mientras se dedicaba tranquilamente a conceder entrevistas a la prensa, y las dudas que existían sobre cómo unos cócteles molotov habían podido destruir un edificio como aquel, sin que se hubiera realizado una seria investigación sobre las medidas de seguridad del local, no tuvo más remedio que rebajar considerablemente la petición inicial de penas pasando de los trescientos años que se solicitaban en un principio a las penas siguientes:

·A José, Francisco Javier y Arturo a 3, 3 y 2 años de prisión menor respectivamente, por fabricación de explosivos. ·A José, Francisco Javier y Arturo a3 años por participar con armas en una manifestación.·A José, Francisco Javier y Arturo a 7 años por estragos.·A Luis a 6 meses de arresto mayor.·A Rosa como encubridora a 6 meses de arresto mayor·A José, Arturo y Francisco Javier a 2 años de prisión como autores de homicidio involuntario.·A Luis como cómplice de homicidio, a cuatro penas de 6 meses de arresto.·Asimismo a Rosa se le pedían cuatro penas de multa.

Algunos llegaron a realizar insinuaciones sobre posibles simpatías del fiscal hacia los acusados o hacia el anarquismo, pero incluso aquellas penas sensiblemente reducidas, resultaban absurdas y desproporcionadas si tenemos en cuenta la entidad real de las pruebas aportadas y de las circunstancias extrañas que rodeaban al caso.

Contra escándalos y protestas el juicio continúa sus trabajos y el 8 de diciembre se hace pública la sentencia. El Tribunal presidido por el juez Alonso Hernández y asistido por los magistrados Xavier O’Callaghan y Ángel de Prada, calificó los hechos como un delito de imprudencia con resultado de cuatro muertes. Las penas impuestas fueron las siguientes:

·17 años de prisión mayor a José Cuevas, Javier Cañadas y Arturo Palma.·5 meses para Rosa López·2 años y seis meses para Luis Muñoz.

Además de las penas carcelarias, se les impuso la obligación de indemnizar a los dueños de la sala de fiestas con doscientos ochenta y ocho millones de pesetas, ya las familias de víctimas con cinco millones. Siempre resulta curioso el criterio que aplica la justicia para valorar la propiedad y la vida.

La CNT protestó enérgicamente contra la sentencia. Enrique Marcos, secretario de la CNT de Cataluña cuando ocurrieron los sucesos escribió lo siguiente:

“La ley, la mayor parte de las veces legislada y promulgada sin aprobación de la mayoría de aquellos a quienes luego habrá de afectar, necesita cuando menos, bajo estas premisas, claridad y credibilidad. Condiciones ambas que no se han demostrado suficientemente y que me obligan a pronunciarme de forma decidida contra una sentencia basada exclusivamente en las pruebas policiales de primera hora, sin aceptar las posteriores implicaciones que han asomado durante la vista de la causa. Me atrevo a asegurar la existencia de una intencionalidad manifiesta, la de cubrir precipitadamente, lo que contrasta con los tres largos años de inactividad judicial, con una sentencia benévola, el riesgo de un proceso exhaustivo que pusiera de relieve cosas y cosillas quizás más comprometedoras que el propio peón Gambín”.

Y a quien tampoco parece que satisfizo fue a la extrema derecha, quien intensificó su campaña de atentados y asaltos en toda España, como el que destruyó el local de la CNT en Valladolid.

Sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados existe desde siempre división de opiniones. Para muchos la certeza de que existió una trama policial que estaba en el origen del suceso, y la sospecha de que era imposible que unos cócteles molotov pudieran causar semejantes estragos, hacía secundaria la cuestión de quién o quiénes fueron los autores materiales del atentado.

Sin embargo algún día el Movimiento Libertario debería hacer una autocrítica de aquellos años y entre las muchas cuestiones que deberían plantearse, sin duda habría que hacer hincapié en aquel culto a la violencia que se puso de moda por

aquel entonces, y que acabó convirtiendo el cóctel molotov en una suerte de fetiche casi religioso, la clandestinidad en una fascinante aventura y las estancias en comisaría en medallas que se lucían con orgullo. Todo ello acabó generando un círculo vicioso sin sentido en el que el activismo servía para ganar méritos de guerra, y daba igual un autobús, un contenedor de basura o una sala de fiestas. Lo importante era la acción por la acción, los objetivos carecían de importancia y la estrategia era una pérdida de tiempo. Y si las masas no entendían nada de aquello, no importaba, porque la explicación de que estaban dormidas y embrutecidas era suficiente para despejar cualquier inquietud.

El propio Javier Cañadas,10 quien rechazaba al igual que sus compañeros su participación en el atentado, reconoce que él y sus amigos se dirigieron hacia la sala con esa intención, y en respuesta a una sugerencia que les había hecho Gambín, y que sólo el casual encuentro por el camino con unos compañeros de Rubí, que les mostraron lo absurdo y disparatado de su plan, les hizo desistir de su propósito. Este era el ambiente que se respiraba en el Movimiento Libertario. Un ambiente en el que podía ocurrir algo cómo lo que cuenta Cañadas, cuando relata como Gambín les decía que si no pasa nada en la manifestación podéis tirar los cócteles en la Scala y les recriminaba sus titubeos con frases como sois unos maricones, ¡Vaya anarquistas!

Eran muchos los que conocían esta situación y callaban o incluso criticaban o calificaban de reformistas a los que la denunciaban. Hoy resulta evidente que Gambín fue un provocador al servicio de la policía y el caso Scala un montaje para acabar con la CNT, pero algún día habrá que reconocer que muchos libertarios inconscientemente, por error u omisión, por comodidad o irresponsabilidad facilitaron enormemente la labor de la policía. El caso Scala no debería seguir siendo la gran coartada para explicar el fracaso histórico de una organización que no supo superar sus contradicciones y estar a la altura de las circunstancias. Resulta lamentable que aún hoy, después de tantos años, se sigan oyendo voces de acusación y reproche hacia talo cual persona en lugar de analizar en profundidad y con capacidad de autocrítica un pasado que aún pesa como una losa. Para muchos libertarios sigue siendo una asignatura pendiente saber identificar a los reales enemigos exteriores y dejar de cazar brujas dentro de casa.

Hay que recordar que los sucesos relativos al caso Scala se producen en un contexto de fuerte tensión interna en la CNT dividida en dos sectores en pugna, y que el mismo caso Scala se convierte en motivo de enfrentamiento entre esos sectores. Por un lado se enfrentan en cuanto a la actitud que hay que tomar frente a la acusación policial. Para unos la defensa dependía de la inocencia o no de los acusados, para otros la culpabilidad o inocencia de los acusados carecía de importancia. En el momento del juicio también hubo enfrentamientos y mientras para un sector lo importante era lograr establecer la inocencia de los acusados y de la CNT, para otros tenía más importancia convertir el proceso en un juicio político contra el Estado.

En este sentido cabe recordar las críticas que uno de los acusados -Xavier Cañadas- realizó contra la organización a la que acusó de abandonar su defensa, llegando incluso a intentar sustituir al abogado que se le había asignado la organización por Solé Barberá, entonces diputado del PSUC quien no quiso saber nada del caso.

El canto del Grillo

El Tribunal terminó su labor, pero el caso siguió abierto. El 15 de diciembre, pocos días después de hacerse pública la sentencia, Cambio 16 publica una entrevista a Gambín. Después se sabría que la entrevista fue realizada tiempo atrás y que su publicación se había retrasado hasta que finalizara el juicio. En la entrevista Gambín no aclara nada, sino que busca simplemente quitarse el muerto de encima. Tendría que pasar un año más hasta que se decidiera a hablar más claro. En la entrevista reconoce que se afilió a la CNT poco antes del atentado, al coincidir en la cárcel Modelo con uno de los acusados -el mismo con el que compartiría piso al salir de la prisión-; dice haber estado en la manifestación que se desarrolló poco antes del atentado, pero niega que preparase todo y afirma que se enteró de lo sucedido aquella misma noche al volver a casa y reunirse con algunos de los acusados, quienes le confesaron que habían realizado el atentado contra la Scala; rechaza la acusación de ser un confidente de la policía y achaca su extraña puesta en libertad en noviembre de 1980 a un simple error burocrático sin ninguna significación. Con estas declaraciones Gambín no hacía otra cosa que ratificar la justeza de la sentencia judicial que se acaba de producir y certificar la culpabilidad de los acusados. En definitiva, algo que como acusado podría haber hecho durante el juicio en el que debería haber estado presente, pero en el juicio no hubiera podido evitar las indagaciones de la defensa sobre su posible relación con los servicios policiales.

Sin embargo su suerte cambió un año después cuando en diciembre de 1981 es detenido por la policía en Valencia. Trasladado a Barcelona, es interrogado por el fiscal del caso Alejandro del Toro11 ante el que aclara -ahora sí- algunos puntos claves del caso. Según su versión, la supuesta detención no había existido nunca, sino que él voluntariamente se había entregado a la policía como única salida, dado lo apurado de la situación en que se encontraba. Al parecer el fracaso de una operación contra ETA en la que había participado y cuyo desarrollo había tenido lugar mientras se producía el juicio del caso Scala, le había acarreado la pérdida la protección de los Servicios Secretos de la que gozaba y en tal situación no había visto mejor salida que la de intentar resolver su situación entregándose a la policía. Junto con su persona entregó también varias pistolas y documentos falsos que le habían sido proporcionados por los servicios para los que trabajaba.

Gambín aprovecha la ocasión para contarle su vida al fiscal. La parte que nos ocupa empieza en 1977, estando preso con largas condenas pendientes. Es aquí donde es reclutado por los Servicios Secretos para realizar una labor de confidente y colaborador. Su nuevo trabajo es lo que da origen a aquel primer error judicial que le permite salir amnistiado como preso político. Reconoce su participación en el grupo ERAT y el haberlos entregado a la policía después de realizar algunos sustanciosos atracos. En relación al caso Scala reconoce que su trabajo con los acusados tenía como objeto incitarles a cometer actos de carácter violento para luego entregarlos a la policía. Según él se trataba con ello de desactivar a potenciales elementos terroristas. Parece ser que alguien creyó ver en los acusados a un potencial grupo terrorista y pensó que lo mejor era incitar y guiar su desarrollo, bien para destruirlo después o para que cometiese algún acto que pudiera ser beneficioso para los intereses de la seguridad del Estado.

Gambín negó haber incitado a los acusados a atentar contra la sala de fiestas, se mantuvo en su versión anterior según la cual se enteró de lo sucedido por la noche del mismo domingo 15 de enero, y que inmediatamente se apresuró a llamar a la policía, a los servicios para los que trabajaba para proporcionarles los nombres de los participantes. Esas podría ser una buena explicación para la rápida y brillante operación policial que resolvió el caso en cuarenta y ocho horas. Joaquín Gambín alias el viejo anarquista en los últimos tiempos vuelve a la cárcel, esta vez con su antiguo alias de el Grillo. El 5 de febrero de 1982 el fiscal presenta la acusación provisional contra Gambín, que consistía en haber enseñado a los acusados a fabricar explosivos y en haber fabricado él mismo los seis cócteles molotov que se utilizaron para atentar contra la sala de fiestas. El fiscal le exculpa de haber participado en el atentado. Gambín fue procesado con una petición fiscal de dieciséis años de prisión, pero el juicio tardaría aún dos años en producirse, exactamente hasta el15 de diciembre de 1983.

Durante el juicio Gambín no duda de manifestar su condición de confidente y colaborador de la policía. De hecho meses antes, el 8 de agosto, estando en la cárcel, envió una carta al presidente de la Sala Tercera para pedirle la libertad provisional en justa correspondencia por los servicios prestados a la seguridad del Estado. Su petición no fue considerada. A Gambín no le servirían de nada los servicios prestados, al menos por esta vez.

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